Nueva Jersey prohíbe que sus cárceles acojan a nuevos inmigrantes enviados por ICE; 5to estado en hacerlo.
Las cárceles de Nueva Jersey fueron prohibidas de acoger a nuevos sospechosos federales detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), según un proyecto de ley firmado por el gobernador Phil Murphy ayer.
La nueva ley prohíbe que las cárceles locales y privadas “celebren, renueven o extiendan” acuerdos de detención con el ICE, pero no rescinde los contratos actuales.
Nueva Jersey es el quinto estado en limitar o prohibir dichos contratos, después de California, Illinois, Washington y Maryland.
La práctica de tener contratos con la agencia federal para detener a sospechosos en espera de audiencias de deportación puede ser muy lucrativa para los gobiernos locales, y algunos cobran hasta $120 dólares por día por cada detenido, según el presupuesto de 2018 de ICE, resaltó New York Post.
Las prisiones en los condados Bergen y Hudson de NJ todavía tienen contratos restantes, y una cárcel privada en Elizabeth recientemente extendió el suyo hasta 2023, según NJ Advance Media.
El gobernador, que busca la reelección este noviembre, estuvo bajo presión de varios grupos de activistas y cabilderos para impulsar la legislación, incluida la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey.
“Durante demasiado tiempo, Nueva Jersey ha permitido y se ha beneficiado del cruel sistema de detención de inmigrantes de ICE que destroza familias y comunidades”, dijo la directora de políticas de ACLU-NJ, Sarah Fajardo, en un comunicado el viernes. “Con la firma de este proyecto de ley, Nueva Jersey está dando un primer paso para poner fin a su complicidad en la detención masiva de no ciudadanos” estadounidenses.
Murphy acaba de regresar de su muy criticado viaje de vacaciones a Italia y no emitió un comunicado sobre el nuevo proyecto de ley. La líder de la mayoría del Senado estatal y patrocinadora del proyecto de ley, Loretta Weinberg, comentó que “las cárceles del condado y otras entidades deben usarse para albergar a personas acusadas de delitos reales, no para retener arbitrariamente a personas que están tratando de vivir sus vidas y contribuir como cualquier otra”.